El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que emitió las sentencias contra siete de los ocho implicados en el asesinato de la líderesa Berta Cáceres, representa un paso importante, aunque no definitivo, en la búsqueda de justicia.
El asesinato de Cáceres, que tuvo lugar en marzo de 2016, sigue siendo un caso emblemático para los defensores de derechos humanos y ambientalistas en Latinoamérica. En este último pronunciamiento del 25 de noviembre de 2024, la Corte ratificó las condenas de figuras clave como Roberto David Castillo, exgerente de Desarrollos Energéticos (DESA), los exmilitares Henry Hernández y Douglas Bustillo, el mayor del Ejército de Honduras Mariano Díaz, Elvin Humberto Rápalo, Óscar Aroldo Torres y Edilson Atilio Duarte. En 2022 Castillo fue sentenciado a 22 años y seis meses de prisión como coautor del asesinato, sin embargo; en esta última sentencia hubo una reducción de la pena debido a que se modificaron los agravantes, lo que implica 20 años en prisión.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del cual Cáceres era coordinadora, destacó que el fallo no alcanza a hacer justicia plena. Según la organización, aún quedan en la impunidad los autores intelectuales detrás del crimen, ligados a estructuras empresariales y políticas poderosas.
El legado de Berta Cáceres, reconocida por su lucha en defensa del pueblo Lenca y contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ha trascendido las fronteras de Honduras. Su asesinato evidenció la violencia sistemática contra quienes defienden territorios indígenas frente a proyectos extractivistas.
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La ratificación de estas condenas confirma la existencia de redes criminales detrás del crimen, pero también expone las limitaciones del sistema judicial hondureño, criticado por su lentitud y por no alcanzar a quienes diseñaron y financiaron el asesinato.
Este caso se convierte en un recordatorio de los riesgos que enfrentan los líderes sociales en Latinoamérica y de la urgencia de garantizar su protección efectiva. Aunque se ha avanzado en la identificación de responsables, la lucha por justicia para Berta Cáceres sigue abierta.