La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia encontró evidencias de un acuerdo anticompetitivo entre los principales hoteles de Cali para fijar las tarifas de alojamiento en el marco de la COP16, que se realizó en La Sultana del Valle en noviembre pasado.
La autoridad colombiana investiga a 13 hoteles y a Cotelco Valle por usar un sistema para visualizar en tiempo real la información comercial sensible y ponerse de acuerdo, subiendo los precios entre competidores.
Por eso vimos imágenes lamentables como la de Aggrey Rwetsiba, delegado ugandés en la cumbre sobre biodiversidad de la ONU en Colombia, que se hospedó en un alojamiento poco habitual: un motel normalmente usado para citas sexuales, con habitaciones dotadas de columpios y tubos de striptease. El delegado terminó en esta situación debido a la cartelización hotelera, que le cerró las puertas a opciones dignas y accesibles.
La sospecha de que hubo concertación para inflar las tarifas de alojamiento en medio de un evento internacional clave para el clima y el país han sido expuestas y las autoridades colombianas buscan confirmar esta confabulación.
El episodio no es menor: Pone en evidencia una práctica que no sólo puso en ridículo al país ante la opinión mundial, sino que además perjudicó a las delegaciones que venían a Colombia a intentar buscarle una solución a las problemáticas climáticas.
Al final, lo que debería ser un espacio de hospitalidad y apertura para quienes discuten el futuro del planeta termina convertido en un club exclusivo donde solo entran quienes pueden pagar cifras desproporcionadas: las tarifas acordadas entre los hoteleros.
En lugar de mostrar empatía y hospitalidad, el país corre el riesgo de ser recordado como un mal ejemplo: un lugar donde los intereses hoteleros impulsados por la avaricia corporativa priman sobre el respeto a los visitantes, con el agregado que se venía a Cali a hablar sobre el cambio climático.
Se sabe que el mal ejemplo contagia. En Belém, Brasil, sede de la COP30 en noviembre de 2025, los precios de hotelería se han disparado a niveles que rayan en lo obsceno.
Según un informe de Reuters, alojarse en la capital amazónica puede costar entre 360 y 4.400 dólares por noche, con tarifas que incluso superan los 15.000 dólares. Todo esto en un contexto donde el viático diario de la ONU es de apenas 149 dólares. El resultado: delegaciones como la de Austria ya cancelaron su participación, mientras países como Polonia y Países Bajos anunciaron recortes drásticos a sus comitivas.
El paralelismo es inevitable: así como ocurrió en Cali, los hoteleros brasileños parecen repetir la jugada y el costo diplomático es alto. Lo que debería ser una cumbre para los ciudadanos corre el riesgo de no suceder gracias a la especulación y cartelización de intereses hoteleros.
Y ahí la pregunta incómoda pero necesaria es: ¿que va a pasar con la investigación? ¿por qué no pasa nada en Colombia cuando se cometen estás acciones? En Colombia y Brasil, la respuesta es la misma: los grandes hoteles, que se blindan frente a la competencia mientras monopolizan un negocio millonario.