Este enlace de Change.org con una petición ciudadana comenzó a circular en los últimos días con el objetivo de frenar el proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que modificaría de manera sustancial las condiciones del Registro Nacional de Turismo (RNT). La iniciativa advierte que la norma, tal como está planteada, podría afectar de forma directa a miles de pequeños prestadores turísticos en todo el país.

Según el texto de la petición, el decreto incrementa de manera significativa los trámites y requisitos para operar formalmente servicios como restaurantes, viviendas turísticas, guías y operadores de turismo. Los firmantes aseguran que estas nuevas exigencias no solo serían difíciles de cumplir para los prestadores, sino también para las propias entidades encargadas de verificar y expedir los documentos requeridos, lo que podría desbordar la capacidad institucional del Estado.

Uno de los principales cuestionamientos es que la norma, lejos de combatir la informalidad, podría profundizarla. De acuerdo con los ciudadanos que promueven la iniciativa, el decreto elevaría los costos y cargas administrativas para quienes ya son formales, sin establecer mecanismos claros para enfrentar la oferta informal que opera por fuera del sistema regulado.

La petición también señala que el impacto recaería de manera desproporcionada sobre pequeños prestadores y emprendimientos familiares, mientras que las grandes cadenas hoteleras tendrían mayor capacidad para asumir los nuevos requisitos. En ese sentido, los firmantes consideran que la medida podría afectar el turismo popular y trasladar mayores costos a los viajeros.

Otro de los puntos de mayor preocupación es el momento en el que entraría a regir el decreto. Según la petición, la norma pretende aplicarse en plena temporada alta, justo en el periodo navideño, cuando miles de prestadores dependen del turismo para sostener sus ingresos anuales. Esto, advierten, podría traducirse en afectaciones económicas directas para numerosas familias.

De acuerdo con las cifras citadas en la iniciativa, más de 121.000 familias cuentan actualmente con un RNT activo y vigente, y dependen de esta actividad para su subsistencia. Para los promotores de la petición, el decreto pone en riesgo ese proceso de formalización que se ha consolidado en los últimos años.

La campaña en Change.org hace un llamado al Gobierno Nacional para que retire o derogue el borrador del decreto y abra un espacio de revisión que permita ajustar la regulación a las capacidades reales del sector y del país. Mientras tanto, el debate sobre el alcance y las consecuencias de la propuesta sigue creciendo entre prestadores, gremios y ciudadanía.