En caso de una eventual prohibición de la vivienda turística, los principales afectados serían los más de 55.000 prestadores de servicios turísticos que actualmente operan de manera legal en Colombia, en cumplimiento con la Ley Nacional de Turismo (Ley 2068). Estas personas han invertido tiempo y recursos en el desarrollo de sus actividades de forma regulada y cumpliendo con los requisitos normativos establecidos. Una prohibición abrupta privaría a estos prestadores de sus derechos adquiridos y los dejaría en una situación de incertidumbre económica y legal. Además, la prohibición podría generar un impacto negativo en la economía local y en la oferta turística del país, al limitar las opciones de alojamiento disponibles para los visitantes.

Prohibir las aplicaciones de vivienda turística no es la solución más adecuada, ya que podría promover un escenario de ilegalidad. Como se ha visto en otros contextos, la ilegalidad tiende a alejarse de la visibilidad de las autoridades, lo cual no beneficia a ninguna de las partes involucradas. En lugar de buscar poner barreras a la vivienda turística, se debería potencializar la diversificación de la oferta, promoviendo su desarrollo en un marco legal que brinde protección al consumidor y a quienes ofertan el servicio. Esto no solo aseguraría un mayor control y seguridad para los usuarios, sino que también contribuiría a la formalización y democratización de la industria turística.