Un grupo de gremios y organizaciones del sector turístico presentó un comunicado conjunto dirigido a la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, en el que solicitan formalmente el retiro inmediato del proyecto de decreto que modifica el régimen del Registro Nacional de Turismo (RNT) y una revisión integral del enfoque regulatorio del turismo en Colombia.
La iniciativa normativa, impulsada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), fue publicada como borrador y ha generado alarma en distintos segmentos del sector que ha generado más de 215.000 empleos y aportado USD 554 millones al PIB turístico colombiano. El proyecto propone modificaciones profundas al funcionamiento y obligaciones del RNT, que de aprobarse tal como está, impone nuevas cargas técnicas y documentales a prestadores formales, desde agencias de viajes hasta viviendas turísticas y guías, así como a plataformas digitales que enlazan servicios de alojamiento y experiencias turísticas en todo el país.
En esta solicitud, emitida el 29 de enero de 2026, la Asociación Latinoamericana de Internet, la Cámara de Comercio Colombo Americano, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, expresan preocupación por el proceso de diseño del proyecto, que “no identifica de manera clara el problema de política pública que pretende resolver, ni presenta diagnósticos, estadísticas o evidencia empírica que respalden la necesidad de un cambio regulatorio de esta magnitud”.
De la misma manera, las organizaciones firmantes advirtieron que la implementación del proyecto, sin ajustes profundos, tendría graves impactos regulatorios y económicos sobre el turismo nacional, así como las personas y pequeñas empresas que dependen de él. Señalan que la norma, elaborada sin socialización amplia ni espacios de debate sectorial estructurados, implicaría “nuevas cargas, obligaciones y esquemas de control, incluyendo mecanismos de preverificación e interoperabilidad tecnológica, sin definir estándares técnicos claros, sin evaluar la capacidad institucional del Estado para implementarlos, y sin considerar los riesgos legales y operativos que traslada a los prestadores y a las plataformas digitales”.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha señalado en distintas comunicaciones públicas que el proyecto de decreto busca modernizar el Registro Nacional de Turismo, fortalecer los mecanismos de control y mejorar la trazabilidad de la oferta turística formal en el país. Sin embargo, el debate se ha intensificado por las críticas que advierten sobre exigencias de certificaciones difíciles de cumplir en muchos municipios, el impacto desproporcionado sobre pequeños prestadores y emprendimientos familiares frente a grandes cadenas, y el aumento de cargas administrativas sin mecanismos de transición claros. La discusión también se ha trasladado a plataformas ciudadanas, donde una campaña en Change.org ha reunido más de 400 firmas a favor de la derogación del decreto y un proceso regulatorio más participativo.
Hasta el momento de publicación de esta nota, el Ministerio no ha emitido una respuesta oficial al comunicado, ni ha anunciado ajustes concretos al borrador del decreto o la apertura formal de un proceso de revisión con los actores que solicitaron su retiro.
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