Por: Redacción OpinaColombia.co
Bogotá, 21 de abril de 2026
Cientos de repartidores, conocidos como «Rappitenderos», iniciaron plantones indefinidos este lunes 20 de abril tras el bloqueo masivo de más de 2.300 cuentas por parte de la plataforma. La medida, que Rappi justifica bajo estrictos protocolos de seguridad, ha chocado de frente con la realidad económica de miles de trabajadores que denuncian una vulneración de su derecho al trabajo.
El conflicto en cifras: Seguridad vs. Sustento
La controversia escaló cuando la aplicación notificó el cierre de perfiles por presuntas irregularidades. Según cifras oficiales de la compañía, se realizan diariamente más de 29.000 validaciones de identidad, y cerca del 25% de los intentos de registro son rechazados por no cumplir estándares de seguridad. Sin embargo, para los repartidores, el impacto es inmediato en un mercado donde, según datos de Alianza Inn, el 99,9% opera de forma autónoma.
Voces desde el asfalto: El testimonio de los repartidores
En los puntos de concentración, como el Edificio ENEL en la carrera 13A, la indignación es palpable. Los repartidores alegan que los bloqueos son arbitrarios y que se suman a la insatisfacción por las bajas tarifas por servicio.
«Todo el mundo está buscando soluciones para poder trabajar y la empresa está vulnerando nuestro derecho al trabajo. El plantón es indefinido; si tenemos que salir todos los días a protestar, lo vamos a hacer porque es un abuso», afirmó Emmanuel Lanza, uno de los líderes de la movilización, a Caracol Radio.
La postura de Rappi: «La seguridad no es negociable»
Por su parte, la empresa ha mantenido una posición firme, argumentando que las cuentas bloqueadas presentaban inconsistencias financieras o prácticas fraudulentas, como el alquiler de perfiles o el uso de múltiples cuentas por una misma persona.
«La seguridad no es negociable. Utilizamos herramientas que identifican patrones irregulares de actividad para proteger tanto a los usuarios como a los aliados comerciales», señaló la compañía en un comunicado oficial.
Contexto: Un decreto en el horizonte
Esta crisis ocurre en un momento coyuntural para la economía colaborativa en el país. El Gobierno Nacional ultima los detalles de un decreto que busca regular el trabajo en plataformas. Se estima que más de 150.000 personas vinculadas a apps de reparto pasarán a un esquema de seguridad social compartida, donde las plataformas podrían asumir hasta el 60% de los aportes.
En Bogotá, donde se concentra el mayor volumen de pedidos del país —con récords de hasta 780.000 órdenes en un solo día—, la resolución de este conflicto definirá el futuro de la relación entre la tecnología y la fuerza laboral urbana.
