Aumenta la presión para que los bancos implementen inmediatamente la exención del 4×1000

El conflicto por el cobro del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) en Colombia ha escalado al terreno judicial. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que busca obligar a las entidades bancarias a implementar de manera inmediata el sistema tecnológico que permita la exención del 4×1000 en múltiples cuentas, tal como lo ordena la Ley 2277 de 2022. 

La decisión judicial se produce tras cumplirse el plazo legal de dos años sin que los usuarios hayan podido gozar del beneficio de mover hasta 18,3 millones de pesos mensuales sin el impuesto a las transacciones entre diferentes entidades.

¿Qué decidió el Tribunal y qué busca la demanda?

La demanda, admitida formalmente este lunes, señala que los bancos han vulnerado los derechos colectivos de los consumidores financieros al no desarrollar la infraestructura necesaria para consolidar los movimientos de los usuarios. 

Según reportó La Silla Vacía, la acción judicial no solo exige la implementación del software de interoperabilidad, sino que también solicita que se evalúe la devolución de los dineros cobrados injustificadamente desde que venció el plazo de implementación en diciembre de 2024.

El magistrado ponente ha dado un plazo a la Superintendencia Financiera y a las entidades demandadas para que respondan sobre el estado real de la interconexión de datos, un proceso que, según el gremio bancario, presenta «complejidades técnicas estructurales».

El origen del caos: Un beneficio ley que solo existe en el papel

La controversia radica en el incumplimiento de la última reforma tributaria. Antes, el usuario debía elegir una única cuenta para eximirla del 4×1000. La nueva norma estipula que la exención debe ser sobre la persona y no sobre el producto; es decir, que un ciudadano puede tener tres cuentas en bancos distintos y, mientras la suma de sus retiros no supere las 350 UVT, ninguna debería cobrar el impuesto.

Sin embargo, como no existe el sistema unificado que permite a los bancos «hablar entre sí» en tiempo real para saber cuánto ha retirado un usuario en otra entidad, el cobro se sigue efectuando de manera automática, obligando al contribuyente a realizar trámites manuales de marcación y desmarcación que resultan ineficientes.

¿Quiénes son los responsables según la normativa?

La implementación de este sistema es una responsabilidad compartida que involucra a tres actores clave:

1. Las Entidades Financieras: Encargadas de desarrollar el canal de intercambio de información.
2. La DIAN: Responsable de vigilar que el recaudo se ajuste a la ley.
3. La Superintendencia Financiera: Organismo que debe garantizar que los bancos no pongan barreras al ejercicio de este derecho.

Entidades digitales como Nu Colombia han manifestado previamente que el retraso se debe a la falta de estándares comunes de datos. No obstante, con la admisión de esta demanda, la justicia colombiana entra a dirimir si la «dificultad técnica» es una excusa válida para seguir percibiendo un impuesto que la ley ya limitó.

¿Qué sigue para el usuario?

Mientras el Tribunal dicta una sentencia o medidas cautelares, los usuarios se encuentran en un limbo jurídico. Por ahora, la única vía para evitar el cobro sigue siendo el protocolo tradicional: mantener una sola cuenta marcada y gestionar manualmente ante el banco cualquier cambio, un proceso que entidades como el Banco de Bogotá o Davivienda mantienen bajo estrictos requisitos documentales.