El sector turístico colombiano encendió alarmas frente a un proyecto de decreto publicado en plena temporada alta por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que modificaría integralmente el Registro Nacional de Turismo (RNT) e impondría nuevos requisitos operativos, técnicos y documentales para miles de prestadores formales, dentro de los que se incluyen agencias, operadores de turismo, viviendas turísticas, restaurantes, guías y conductores turísticos, entre otros.
Pese al impacto transversal que este decreto tendría sobre el ecosistema turístico, las organizaciones gremiales aseguran que el borrador fue construido sin mesas de socialización amplias. El decreto, de ser firmado tal como está, entraría en vigencia inmediatamente, sin periodo de transición, lo que obligaría a los prestadores de servicios turísticos a presentar documentos que tienen periodos de trámite extensos e incluso numerosos municipios no tienen la capacidad institucional para expedir. Entre ellos se encuentran certificados de uso del suelo, conceptos sanitarios, validaciones externas y autorizaciones específicas para operar servicios turísticos.
Consulta aquí el decreto completo
Según voceros sectoriales, esta situación podría generar suspensiones masivas del Registro Nacional de Turismo, cierres temporales de establecimientos y un aumento de la informalidad, afectando especialmente a pequeños prestadores que dependen de la temporada alta para sostener sus ingresos. Lejos de fortalecer la formalidad, estas cargas empujan a las micro y pequeñas empresas a escenarios donde no pueden cumplir, incluso cuando ya formaban parte del sistema regulado.
El anuncio se da además en un momento crítico del calendario: el plazo para comentarios vence el 17 de diciembre, a pocos días del inicio de la temporada navideña, un periodo caracterizado por baja vigilancia pública y menor capacidad de respuesta institucional. Este contexto ha generado preocupación por la posibilidad de que la norma sea aprobada sin debate suficiente.
Actualmente, la vivienda turística y otros servicios asociados al turismo operan bajo un marco regulatorio vigente desde 2009, reforzado por la Ley 2068 de 2020 y el Decreto 1836 de 2021, que exigen registro en el RNT, cumplimiento de estándares de seguridad, pago de impuestos y operación transparente. Colombia es uno de los pocos países de la región con regulación nacional obligatoria para este tipo de alojamiento.
El sector destaca además que la formalización ha crecido significativamente: 113.933 prestadores inscritos en el RNT, de los cuales el 59,23% corresponde a vivienda turística, presencia en más de 600 municipios, y un incremento del 109,8% en formalización entre 2021 y 2024. Esta actividad ha aportado más de USD 554 millones al PIB y respaldado cerca de 125.000 empleos en zonas urbanas y rurales.
Gremios y organizaciones comunitarias hacen un llamado al Gobierno Nacional a revisar el proyecto de decreto, ajustar los requisitos a las capacidades reales del país y promover mecanismos que fortalezcan la formalidad sin excluir a quienes sostienen la cadena de valor del turismo en Colombia.