La reciente muerte de Jesús Guillén, ocurrida bajo custodia del régimen de Miguel Díaz-Canel en Cuba, es un trágico recordatorio de las graves violaciones a los derechos humanos en las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Guillén, quien tenía solo 30 años, fue arrestado durante las manifestaciones de 2021, solo por grabar y compartir videos que denunciaban la represión estatal. Su caso expone una realidad devastadora: la violencia sistemática contra quienes defienden los derechos humanos.
Según la ONG Justicia 11J, el cuerpo de Jesús mostró signos claros de tortura. Guillén se convierte en el tercer fallecido bajo custodia de las autoridades cubanas, mientras que organizaciones como Cubalex han documentado un patrón alarmante de uso excesivo de la fuerza y violencia en las cárceles del régimen cubano.
Otro caso reciente es el de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien denunció haber sido brutalmente golpeado por militares el pasado 18 de noviembre. Estos actos de violencia confirman el grave panorama de violaciones de los derechos fundamentales en la isla.
En Nicaragua, la situación es igualmente alarmante. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado las detenciones arbitrarias y el ocultamiento del paradero de las personas presas políticas. La práctica conocida como “puerta giratoria” pone en evidencia el aumento de la represión.
En su más reciente informe, la ONG UDJ Nicaragua reveló que casi el 100% de las personas detenidas en 2024 se encuentran en condición de desaparición. Este aumento en la represión coincide con reformas legales impulsadas por Ortega y Murillo, incluidas enmiendas drásticas a la Constitución Política.
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El panorama en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, tampoco ofrece esperanza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el Estado venezolano no solo ejecuta detenciones arbitrarias masivas, sino que también recurre a desapariciones forzadas de corta duración. Durante estas detenciones, muchas de las víctimas son sometidas a violencia sexual y tortura física y psicológica. De acuerdo con la ONG Foro Penal, el régimen de Maduro ha alcanzado un récord histórico de presos políticos en el siglo XXI.
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