En audiencia pública, propietarios de viviendas destinadas al turismo de corta estancia expresaron su preocupación por el Proyecto de Ley 190 de 2025. Solicitan ser incluidos en su construcción, pues advierten que, tal como está planteado, podría generar impactos negativos en su actividad económica.
El pasado 30 de octubre, durante la audiencia pública en la que se discutió el Proyecto de Ley 190 de 2025, diversos representantes del sector turístico y de la ciudadanía se pronunciaron sobre los efectos del turismo en Medellín y los posibles impactos que la iniciativa podría tener en la industria del turismo de corta estancia.
El encuentro, liderado por Daniel Carvalho, contó con la participación de Ana María López, secretaria de Turismo; Luis Carlos Ochoa, representante a la Cámara; Leider Toro, delegado del Ministerio de Turismo; y Albeny Sepúlveda, de la Secretaría de la Mujer.
Entre los asistentes se destacaron propietarios de viviendas destinadas al turismo de corta estancia, quienes manifestaron no haber sido incluidos en la elaboración del proyecto. Solicitaron ser parte de las discusiones para evitar que la regulación afecte el desarrollo de esta modalidad turística, que ha crecido de manera significativa en los últimos años a través de plataformas digitales.
¿Qué efectos podría tener el Proyecto de Ley 190 de 2025?
- Imponer nuevas obligaciones a las plataformas digitales de alojamiento y servicios turísticos.
- Establecer medidas para enfrentar la saturación turística, que podrían convertirse en barreras para quienes dependen económicamente de esta actividad.
- Implementar mecanismos de vigilancia y control sobre la oferta turística que podrían impactar negativamente a pequeños y medianos oferentes.
- Incorporar cargas adicionales que afectarían los ingresos adicionales de las personas que viven de este tipo de servicios.
¿Y qué pasará con el futuro del turismo?
La audiencia del 30 de octubre marcó un primer paso en el debate sobre la regulación del turismo de corta estancia. Los diferentes sectores coincidieron en la importancia de que la nueva normativa equilibre la protección de los destinos y comunidades locales con la sostenibilidad económica de quienes dependen de esta actividad. Entre las principales preocupaciones planteadas se encuentra la pérdida de la soberanía de la propiedad horizontal, al limitar las decisiones autónomas de las copropiedades sobre el uso de sus inmuebles.
Se continuará recibiendo aportes de la ciudadanía antes de avanzar en la consolidación del texto final del proyecto.