El proyecto, que modifica el Registro Nacional de Turismo y dificulta el cumplimiento de las obligaciones de plataformas digitales, genera preocupación entre gremios de comercio electrónico, economía digital y vivienda turística. El sector advierte posibles impactos sobre pequeños prestadores, anfitriones locales, agencias, operadores regionales y familias que dependen del turismo.
La discusión sobre la reforma al Registro Nacional de Turismo – RNT volvió a encender las alarmas del sector turístico digital. Gremios como la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico – CCCE, AmCham Colombia, la Asociación Latinoamericana de Internet – ALAI y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones – CCIT, expresaron su preocupación frente al nuevo borrador de decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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La alerta también fue elevada por Asohost, organización que reúne a prestadores de servicios turísticos por medio de plataformas digitales, que advirtió que el proyecto no representa un ajuste menor, sino una reforma estructural con efectos sobre la inscripción, renovación, verificación, control y eventual suspensión de miles de prestadores turísticos en Colombia.
El punto más sensible para el sector es el momento en el que se busca avanzar con la norma. El país se encuentra en pleno proceso de empalme y en una tensa transición del gobierno del presidente Gustavo Petro al presidente electo Abelardo de la Espriella, por lo que no sería conveniente que una administración saliente deje firmada una regulación de alto impacto que tendrá que ser implementada por el próximo Gobierno.
“Regular sí. Modernizar sí. Pero no amarrar el turismo en pleno empalme”, señaló Asohost en su comunicado público.
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¿Un decreto en pleno empalme entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella?
El gremio sostiene que la modernización del RNT es necesaria, pero advierte que modernizar no puede significar burocratizar, bloquear o excluir a quienes ya hacen parte de la economía formal del turismo. En esa línea, solicitó suspender el trámite del decreto, abstenerse de firmarlo durante el empalme, publicar la matriz completa de observaciones recibidas, divulgar los estudios de impacto económico, tecnológico, jurídico y de competencia, y abrir una nueva mesa de trabajo con el Gobierno entrante.
Adicional a estos reparos, la preocupación no es nueva. Desde diciembre, actores del sector vienen solicitando ajustes al proyecto y alertando sobre posibles impactos para la vivienda turística, las plataformas digitales, los pequeños operadores y los emprendimientos que hacen parte de la economía turística. Aunque los gremios han participado en mesas técnicas y han presentado observaciones, señalan que el nuevo borrador mantendría disposiciones que ya habían sido cuestionadas.
En diciembre del 2025 el sector turístico colombiano alertó sobre este decreto.
Lo que piden los gremios del sector turismo
En su pronunciamiento, la CCCE y los demás gremios firmantes insistieron en que la innovación, la competitividad y la transformación digital requieren seguridad jurídica, reglas claras y respeto por el principio de legalidad. También pidieron que «incorpore los aportes técnicos presentados por el sector, evite rebasar los límites de su potestad reglamentaria y fortalezca los espacios de diálogo con tiempos adecuados que permitan una participación efectiva», con el fin de construir una regulación que genere mayor seguridad jurídica y confianza para todos los actores.
Uno de los principales reparos es que el proyecto podría trasladar a privados funciones de inspección, vigilancia y control que, según los gremios, corresponden a las autoridades competentes. Además, advierten que nuevas cargas documentales, verificaciones y obligaciones operativas podrían afectar de manera desproporcionada a pequeños prestadores, viviendas turísticas formalizadas, plataformas locales, agencias pequeñas, operadores regionales, property managers y familias que dependen de esta actividad.
Un estudio técnico del Ministerio reconoce que el alojamiento turístico representa el 75,3 % de los registros del RNT. Por eso, cualquier cambio en los requisitos de permanencia, verificación o suspensión tendría impacto directo sobre el segmento más grande del turismo formal en Colombia.
Para los actores del sector, el debate no es si el turismo debe regularse ya que se encuentra regulado en Colombia bajo la Ley 2068 de 2020 y el Decreto 1836 de 2021. No es una actividad informal ni al margen de la ley. En cambio, se trata de no afectar la seguridad jurídica, la libre competencia y la sostenibilidad de miles de pequeños prestadores que se sostienen y sostienen a sus familias a través de esta actividad. La petición central es que una reforma de esta magnitud no se tramite de afán ni sin consenso, especialmente cuando sus efectos recaerán sobre el próximo Gobierno y sobre una amplia cadena económica vinculada al turismo digital
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