Justo cuando se cumplen diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, el próximo noviembre, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha dejado de ser una voz relevante para proteger el acuerdo y garantizar la transición hacia la paz en medio del próximo cambio de gobierno.
Desde diversos sectores hay un llamado para que Claudia Mojica, la flamante Representante Especial Adjunta y Jefa Adjunta de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, se posicione ante el gobierno nacional entrante y asegure la continuidad frente a las amenazas que acechan a la institucionalidad transicional.
El más reciente llamado lo formuló la politóloga Lariza Pizano desde su columna en El Espectador. “Tras la salida de Carlos Ruiz Massieu y la llegada del diplomático eslovaco Miroslav Jenča como nuevo jefe de la Misión— ha dejado al descubierto una interlocución pública notoriamente debilitada y una preocupante ausencia de postura frente a las amenazas que se ciernen sobre la implementación del proceso de paz”.
El décimo aniversario de la firma del acuerdo es una oportunidad para recuperar una Misión que durante una década fue decisiva. “Cuando el Acuerdo está bajo fuego no es momento de bajar el volumen, sino cuando más se necesitan pilas para defenderlo. La paz también necesita que la Misión recupere su voz” señaló la analista.
Mientras el nuevo Gobierno Nacional avanza con un discurso que plantea desmantelar o sustituir la arquitectura de paz por un enfoque exclusivamente de seguridad, la voz internacional llamada a ejercer contrapeso técnico y político brilla por su cautela.
El síntoma más claro de esta inconveniente debilidad quedó registrado en la reciente intervención de Miroslav Jenča ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. A pesar de la gravedad de los anuncios gubernamentales que sugieren la terminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el encarcelamiento de comparecientes y la reestructuración del sistema de garantías, el jefe de la Misión no pronunció una sola palabra al respecto.
El informe presentado ante el máximo órgano de la diplomacia mundial prefirió transitar por el lenguaje edulcorado de la rutina burocrática, eludiendo la discusión de fondo sobre las propuestas presidenciales que amenazan con desarticular los compromisos asumidos por el Estado colombiano desde 2016.
El ex senador y ex ministro Juan Fernando Cristo se unió a las críticas y preguntó desde su cuenta de X “ ¿dónde está la @MisionONUCol? Sería clave un pronunciamiento ante las afirmaciones del Presidente electo en contra de un acuerdo de Estado (…) que cuenta con el apoyo del @ConsejoOnu para la construcción de paz”.
Mojica se posesionó el pasado 3 de julio y tiene más de 30 años de experiencia en las Naciones Unidas, en los ámbitos de la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo.
Los llamados de Pizano y Cristo advierten de un patrón de conducta: la diplomacia de la Misión parece más preocupada por mantener la cordialidad con el Ejecutivo de turno que por registrar y controvertir los giros drásticos en la política pública de paz. Cuando la ONU opta por el silencio frente a anuncios que desmotivan la comparecencia y desmontan las garantías de no repetición, la labor de verificación sobre el terreno pierde toda capacidad de disuasión.
A una década del histórico acuerdo del Teatro Colón, la permanencia de la ONU en Colombia no puede justificarse por mera inercia diplomática. El cumplimiento del mandato de verificación exige una revisión inmediata. La voz de la ONU, llamada a ser la reserva moral y técnica del proceso de verificación, amenaza con convertirse en un murmullo institucional incapaz de incomodar tanto a los grupos armados ilegales como a la inoperancia estatal.
Pese a que, según Pizano, el 85 % de los firmantes ha cumplido con lo acordado, los señalamientos del electo presidente, Abelardo de la Espriella, “no son amenazas menores. Cada señalamiento contra los firmantes se traduce en hostigamientos, asesinatos o nuevas deserciones. En más matazón”
Pastor Alape, ex Farc y líder de reincorporación, advirtió en El Espectador que prometer cárcel para quienes dejaron las armas legitima a los actores armados que buscan seducir a excombatientes para que vuelvan al conflicto. “Ponerlos bajo sospecha colectiva es injusto e irresponsable” sentencia, por su parte, la columnista.
El nuevo gobierno y las Naciones Unidas tienen la obligación de decidir si la Misión continuará siendo una oficina de registro diplomático o si asumirá de nuevo el rol de salvaguarda de la paz que la coyuntura le exige. La diplomacia del silencio solo sirve a quienes buscan desmantelar el acuerdo por la puerta trasera.
El nuevo gobierno debería solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU una ampliación y fortalecimiento del mandato de la Misión. Esto implica pasar de una labor de simple observación a un esquema de verificación con capacidad de respuesta técnica, presencia permanente en los municipios más vulnerables y denuncias sin ambigüedades.
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